Elegir entre la privacidad y la protección a través de la vigilancia

A partir de un texto que leí, me hizo reflexionar, nuevamente, acerca de los ataques constantes que existen en contra de nuestra privacidad, en esta ocasión para justificar la protección de los menores.

El artículo[1] de Waydell D. Carvalho, al que hago referencia, analiza y presenta una paradoja fundamental de nuestro tiempo: la tensión entre dos imperativos sociales aparentemente legítimos. Por un lado, proteger a los menores en el entorno digital. Y, por otro lado, salvaguardar la privacidad de todos los usuarios. Esta contradicción, que el autor denomina “la trampa de la verificación de edad”, no es un mero problema técnico resoluble con mejor ingeniería, sino una encrucijada política y filosófica que redefine la relación entre ciudadano, Estado y corporación en la era digital.

Desde una perspectiva política, lo que se ve es un fenómeno de externalización regulatoria. Los Estados, presionados por demandas sociales de protección infantil, transfieren la responsabilidad de aplicar restricciones de edad a las plataformas tecnológicas sin proporcionar los medios para hacerlo de manera no invasiva. Esta delegación de la responsabilidad crea un vacío de su implementación: los legisladores aprueban leyes con objetivos loables, pero evaden deliberadamente especificar los mecanismos, dejando que sean las corporaciones quienes determinen, en la práctica, cómo se equilibran derechos fundamentales en conflicto.

El resultado de lo anterior no es agradable. Las empresas tecnológicas optan por sistemas de verificación cada vez más invasivos no porque sean más efectivos, sino porque son más defendibles legalmente. Como señala el texto, en caso de litigio, “recolectamos menos datos” raramente es una defensa persuasiva frente a la acusación de no haber protegido suficientemente a los menores. Están creando así un incentivo perverso hacia la vigilancia masiva: las plataformas recolectan más datos, los retienen por más tiempo y someten a los usuarios a verificaciones recurrentes no porque sea técnicamente necesario, sino porque les protege de futuras demandas.

Pareciera que el poder de regular se ha transformado. Pasó de ser el Estado quien imponía obligaciones directas a los ciudadanos y a las empresas, a ser un regulador indirecto que establece fines sin especificar los medios, y son las empresas quienes diseñan e implementan esos vacíos que surgen. Esto ha privatizado, si cabe la expresión, la decisiones de ingeniería social que afectan los derechos de los individuos.

Desde la perspectiva filosófica también existen fenómenos relevantes. Una cuestión epistemológica: ¿cómo podemos “saber” realmente la edad de alguien en el entorno digital? El texto muestra que las opciones son limitadas: o confiamos en la auto-declaración (que es fácilmente falseable), o recurrimos a la inferencia probabilística (que produce errores sistemáticos), o exigimos credenciales estatales (que excluyen a quienes no las poseen). Ninguna opción es filosóficamente satisfactoria porque todas reducen a la persona a un conjunto de datos verificables, ignorando las dimensiones diversas de la identidad.

La situación me remite a Michel Foucault quien anticipó esta problemática con su concepto de “biopoder”: el ejercicio del poder político sobre la vida de las poblaciones a través de mecanismos que regulan cuerpos y comportamientos. El cuerpo del usuario (su rostro, sus patrones de navegación, sus tiempos de interacción) se convierte en evidencia que debe ser permanentemente evaluada para determinar su elegibilidad para acceder a espacios digitales.

Aún más, desde una perspectiva filosófica-ontológica, nuestro Ser deja de representar nuestra expresión humana, para convertirse en algo que un algoritmo deberá atribuirnos. Al depender de teléfonos nuevos (obsolescencia programada), nuevos proveedores de Internet, o simplemente tener un cambio de comportamiento que genere una falsa señal de verificación, esto hace que nuestra identidad digital se vuelva inestable y quede sujeta a interpretaciones de los sistemas (que cometen errores).

Todo el sistema está pensando, supuestamente, para proteger a los más vulnerables, pero a costo de exponer a todos los usuarios a más riesgos de los que está expuesto hoy en día. Los registros biométricos, las copias de documentos de identidad, los registros de verificación que deben conservarse indefinidamente para demostrar cumplimiento normativo, se convierten en objetivos atractivos para muchos atacantes.

¿Estamos ante una redefinición, silenciosa, del contrato social digital? Tradicionalmente, el acceso a espacios públicos (físicos) no requería verificación continua de identidad. Podíamos entrar a una biblioteca, un parque o una plaza sin demostrar quiénes éramos. El espacio digital, sin embargo, está siendo diseñado bajo la lógica opuesta: el acceso condicional a identidad verificada, con monitoreo continuo para garantizar el cumplimiento de restricciones.

Esta transformación no es el resultado de un debate democrático explícito, sino, como señala el texto, “una reacción a la presión regulatoria y a cómo las empresas perciben su riesgo de litigio”. En otras palabras, estamos reconfigurando la arquitectura básica de derechos en el entorno digital por defecto, no por diseño, mediante la acumulación de decisiones empresariales defensivas que, sumadas, crean un ecosistema de vigilancia generalizada.

¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la seguridad? Si la respuesta es “cualquier precio”, entonces aceptaremos sistemas que conviertan cada interacción digital en una prueba de identidad, que sometan a los usuarios a escaneos faciales recurrentes, que almacenen indefinidamente nuestros documentos personales. Pero si creemos que la privacidad no es un lujo sino un derecho fundamental, entonces debemos exigir que las políticas de protección infantil se diseñen de manera compatible con ese derecho, no a su costa.

Tenemos que reconocer que estamos ante una elección trágica, no ante un problema técnico. Y en las elecciones trágicas, lo peor que podemos hacer es pretender que no existen, permitiendo que sean otros quienes decidan por nosotros, mediante la acumulación silenciosa de sistemas que, verificando nuestra edad, verifican también nuestra sumisión a un orden donde la privacidad es siempre el término sacrificado.

[1] https://spectrum.ieee.org/age-verification